Vaca Muerta o la deuda eterna.

Introducción

La Argentina repite un ciclo pendular que define su historia económica y política, cada vez que la economía se queda sin dólares, la respuesta automática de un sector del arco político es recurrir al endeudamiento externo. Así ocurrió en 2018 con el préstamo récord de 45.000 millones de dólares del FMI, y vuelve a ocurrir hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, que ya recibió 12.000 millones de dólares del nuevo programa con el FMI para cubrir vencimientos y reforzar reservas. El problema es que la sistemática toma de deuda nunca se utilizó para fortalecer la capacidad productiva; sino que esos dólares fueron y serán destinados a sostener el tipo de cambio, amortizar pasivos o permitir la fuga de capitales.

La diferencia no es menor. Una deuda productiva, destinada a financiar infraestructura energética, industrial o logística, puede multiplicar la generación de divisas y repagarse en pocos años. En contraposición, una deuda financiera solo tapa agujeros coyunturales y deja al país más frágil que antes. La primera amplía la base productiva; la segunda profundiza la dependencia.

El contraste es visible con Vaca Muerta. Con menos de una cuarta parte de lo que representó aquel préstamo del FMI, el país podría haber financiado gasoductos, plantas de licuefacción y puertos de exportación que hoy estarían generando divisas genuinas. En lugar de construir la infraestructura que garantizara dólares estables, esos recursos se evaporaron en la bicicleta financiera. El resultado es conocido: más deuda, más ajuste y una nueva oportunidad desaprovechada.

Las decisiones que nos trajeron hasta acá

La posibilidad de que hoy Vaca Muerta sea un motor real de dólares no fue producto del azar. Se construyó a partir de decisiones políticas y económicas que cambiaron el rumbo energético del país. La primera fue la recuperación de YPF en 2012, que devolvió al Estado un rol central en la conducción del sector. Esa decisión permitió articular un esquema mixto: la empresa pública como socio estratégico de capitales privados nacionales e internacionales, con capacidad de atraer inversión, incorporar tecnología y liderar la exploración en la cuenca neuquina.

A partir de allí se multiplicaron los pozos perforados y se introdujeron técnicas de fractura hidráulica que aumentaron de manera exponencial la productividad. Sin ese marco institucional, Vaca Muerta habría permanecido como un recurso potencial sin explotación efectiva. La combinación de control estatal y asociaciones privadas sentó las bases para transformar reservas en producción concreta.

Otro hito fue la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas en 2020, cuyos recursos se destinaron en parte a financiar la obra estratégica del siglo: el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). Construido en apenas diez meses, el gasoducto permitió sustituir importaciones por más de 4.000 millones de dólares en sus primeros dos años de funcionamiento. Es un ejemplo contundente de cómo una inversión bien orientada amortiza su costo en poco tiempo y deja capacidad instalada que seguirá rindiendo frutos por décadas.

Este recorrido contrasta con la orientación actual: La obra pública se encuentra prácticamente paralizada y los pocos dólares disponibles se destinan a sostener el tipo de cambio y a pagar intereses de la deuda. En lugar de profundizar el camino que permitió llegar hasta aquí, se vuelve a la lógica de la deuda política - financiera que consume recursos sin generar nuevas capacidades.

La magnitud de la apuesta energética

Vaca Muerta ya produce casi la mitad del gas y del petróleo del país, pero su potencial es mucho mayor. Para desplegarlo, se necesitan inversiones adicionales en tres frentes.

En primer lugar, una planta de gas natural licuado (GNL), un gasoducto exclusivo y al menos 200 pozos adicionales. La inversión requerida ronda los 10.000 a 12.000 millones de dólares. Con esa infraestructura, la Argentina podría exportar unas 10 millones de toneladas de GNL por año, colocándose entre los principales jugadores del mercado global.

En segundo lugar, la ampliación de la capacidad de transporte. Se necesitan nuevos oleoductos, gasoductos y puertos que permitan evacuar la producción creciente. Sin esas obras, la producción quedará limitada por cuellos de botella logísticos.

Finalmente, es necesario aumentar el ritmo de perforación. Para alcanzar el objetivo de un millón de barriles diarios hacia 2030, se deberían perforar unos 400 pozos por año, lo que implica inversión en equipos, tecnología y capacitación de mano de obra.

Si estas condiciones se cumplen, las exportaciones energéticas podrían superar los 20.000 millones de dólares anuales. No se trata solo de cifras: significa empleo calificado, proveedores industriales locales y una base de divisas capaz de estabilizar la macroeconomía. La comparación con la deuda financiera es directa: mientras ésta se consume en sostener la coyuntura, la inversión energética multiplica la capacidad de desarrollo.

La deuda externa como disciplinador político

El endeudamiento externo argentino responde a una lógica de corto plazo y a una función política clara: disciplinar a la sociedad y mantener una economía de enclave. El préstamo de 2018 lo ilustra con crudeza: los dólares llegaron, se usaron para financiar el famoso carry trade y al poco tiempo se habían ido, dejando un pasivo mayor y compromisos impagables. El propio FMI admitió que el programa no cumplió sus objetivos.

Hoy el patrón se repite. Los nuevos préstamos y colocaciones ingresan para estabilizar reservas y pagar vencimientos inmediatos, pero no dejan infraestructura ni capacidad productiva. La diferencia es que el costo no lo asumen quienes suscriben la deuda, sino los ciudadanos: ajuste del gasto público, recortes en la obra pública, deterioro del salario real y desfinanciamiento de salud y educación. El endeudamiento externo es presentado como solución, pero en la práctica se traduce en más ajuste interno.

A nivel internacional, la lógica es la misma. Para los países dominantes es conveniente que países como la Argentina permanezcan en ese círculo vicioso: endeudados, disciplinados y atados a la exportación de materias primas. Un país que vive de créditos y no de su producción no tiene margen para transformar su matriz productiva. La deuda opera como un mecanismo de control externo: garantiza la provisión barata de gas, petróleo o minerales, al tiempo que limita cualquier estrategia autónoma de desarrollo industrial.

La cuestión central no es técnica sino política: la Argentina solo debería endeudarse para financiar proyectos que expandan su capacidad exportadora y le den mayor autonomía. Gasoductos, plantas de GNL o redes de transporte energético suman divisas y fortalecen la soberanía. En cambio, recurrir al crédito para sostener un tipo de cambio artificial solo incrementa la vulnerabilidad y posterga soluciones estructurales.

El lugar de Vaca Muerta en la disputa geopolítica

La dificultad para obtener financiamiento externo para desarrollar la industria energética no se debe solo a problemas locales. Responde a la estructura misma del sistema internacional. Las grandes potencias buscan que países como la Argentina se limiten a exportar materias primas e importar energía procesada y tecnología. Así concentran el valor agregado, el trabajo calificado y las industrias en sus territorios, mientras las economías periféricas proveen insumos baratos.

En este marco, Vaca Muerta se vuelve un recurso estratégico. Estados Unidos ejerce su influencia a través del FMI y de la Inflation Reduction Act (ley aprobada en 2022 que otorga subsidios y beneficios fiscales a las empresas que produzcan energía y tecnología en su propio territorio, exigiendo además que los minerales críticos provengan de países con tratados de libre comercio, lo que deja afuera a la Argentina), restringiendo la posibilidad de que nuestros recursos ingresen a sus cadenas de valor. Europa, tras la guerra en Ucrania, busca contratos de suministro de gas y minerales críticos, pero no financia la industrialización local: lo que quiere son flujos seguros de materia prima. China ofrece financiamiento para infraestructura, pero bajo esquemas atados a sus propias empresas y tecnología, lo que refuerza la dependencia.

Ninguno de estos actores tiene, ni va a tener interés en que la Argentina desarrolle una industria de GNL propia que compita en el mercado mundial. Su objetivo es comprar gas en bruto y procesarlo en sus países, capturando el empleo calificado y la renta industrial. Si el país quiere transformar Vaca Muerta en motor de desarrollo, debe hacerlo con reglas propias: contenido local obligatorio, reinversión de rentas en infraestructura y planificación estatal que oriente las asociaciones público-privadas.

La ventana que se achica

El gas natural es considerado por los organismos internacionales como el “combustible de transición” hacia un sistema energético basado en energías renovables. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda global de gas seguirá creciendo al menos hasta mediados de la década de 2030, y recién a partir de allí comenzará a estabilizarse y luego a descender hacia 2050. Eso implica que quedan entre 10 y 20 años de alta demanda, una ventana limitada pero aún significativa.

En paralelo, el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta también requiere tiempo. Un proyecto de GNL como el que se discute (planta de licuefacción, gasoducto dedicado, pozos adicionales y terminal portuaria) demanda entre 5 y 7 años desde la decisión de inversión hasta su plena operación. Es decir, si Argentina decidiera hoy avanzar con todas las obras necesarias, recién hacia comienzos de la próxima década podría estar exportando volúmenes relevantes de GNL al mundo.

La coincidencia entre estos dos plazos es clave: la ventana global de demanda y el tiempo que lleva madurar las inversiones. Si el país demora sus decisiones, corre el riesgo de que, cuando sus proyectos estén listos, el mercado ya esté en retracción o dominado por productores con ventaja de escala como Qatar, Estados Unidos o Australia.

En este contexto, el rol de la Argentina no es marginal. Siendo la segunda reserva de shale gas del mundo, la cuarta de shale oil, y con un recurso abundante de bajo costo de extracción, podría convertirse en un proveedor estratégico en el período crítico de la transición, aportando seguridad energética a países que necesitan reemplazar carbón y petróleo mientras avanzan hacia renovables. Pero para cumplir ese rol, hay que actuar ahora: decidir la inversión, construir la infraestructura y consolidar un marco regulatorio que asegure previsibilidad.

La ventana no es eterna. Es un horizonte de una o dos décadas en el que Argentina puede elegir entre convertirse en actor global del gas o resignarse a ser, una vez más, espectadora periférica en un mercado que se reorganiza sin su participación.

Conclusión

El valor de Vaca Muerta reside en otorgar una oportunidad concreta para transformar la estructura económica argentina. Su desarrollo permitiría diversificar la producción, reducir la dependencia del agro y construir una base energética capaz de sostener la industria y la transición hacia nuevas tecnologías, con un fuerte impacto en divisas y empleo formal.

Hoy la economía depende en gran medida de lo que produce el campo en un año con lluvias: una buena cosecha trae dólares y estabilidad transitoria; una sequía, en cambio, desordena toda la macroeconomía. Esa vulnerabilidad climática es la mejor prueba de por qué es urgente consolidar otra fuente de divisas, menos expuesta a factores externos y más vinculada a la planificación nacional.

El problema es que esa ventana de oportunidad está siendo desaprovechada. Mientras se destinan dólares a sostener un esquema cambiario artificial, se posterga la posibilidad de invertirlos en un proyecto estratégico que podría garantizar la tan esperada (para algunos) soberanía política y económica. Y no pareciera haber en el mediano y largo plazo muchas oportunidades más para alcanzarla: Vaca Muerta concentra la escala, el recurso y el momento histórico para lograrlo. Apostar a este desarrollo no es solo una estrategia energética, sino quizá la última chance de estabilizar y expandir la economía sobre bases duraderas; dejarla pasar sería repetir el círculo de dependencia y vulnerabilidad que marcó gran parte de nuestra historia.